La mano derecha de Hila en la Alcaldía de Palma también oculta todo a la Oficina Anticorrupción

La mano derecha del alcalde socialista José Hila en la Alcaldía de la capital balear, la coordinadora Patricia López, también oculta todo, bienes y rentas, a la Oficina Anticorrupción.

Si el líder de Podemos en el Ayuntamiento, Alberto Jarabo, estuvo más de un año sin cumplir sus obligaciones con la Oficina Anticorrupción donde ya ha presentado todas las declaraciones de la renta de la presente legislatura, el incumplimiento es también manifiesto en directores generales y hasta de coordinadores de áreas, el segundo escalafón de la coalición de gobierno de socialistas, independentistas de Més y Podemos.

Llama a este respecto la atención, que el alto cargo de máxima confianza en la Alcaldía del primer edil palmesano, la también socialista, Patricia López Sánchez, coordinadora de un área donde el alcalde tiene hasta siete altos cargos a su disposición incluyendo la llamativa designación de un coordinador general del gobierno municipal y un asesor de proximidad del mismo gobierno municipal, no haya presentado papel alguno en estos tres años en la Oficina Anticorrupción.

De hecho, su nombre ni figura en la lista de altos cargos que están obligados a presentarla, en un flagrante y más que llamativo error de este órgano fiscalizador adscrito al Parlament balear.

López vulnera así el artículo 25 de la Ley 16/2016 de creación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears.

Según este artículo clave para que la oficina fiscalice a los cargos públicos como es su principal misión, estos están obligados a formular en el registro de declaraciones y actividades una declaración patrimonial, comprensiva de la totalidad de sus bienes, derechos y obligaciones patrimoniales, intereses y actividades. Algo que se le comunica a todos los altos cargos nada más tomar posesión y durante cada ejercicio.

La mano derecha del alcalde en la Alcaldía, número 18 en la candidatura de los socialistas de Palma en las últimas elecciones municipales de 2019, no ha pasado en estos tres años y pico que hace de su nombramiento, por este órgano fiscalizador de bienes y rentas de políticos y altos cargos municipales, que en el caso del Consistorio palmesano afecta a un total de 74 personas. Y como el resto de incumplidores, conocía su obligación de presentar bienes y rentas y de materializarlo en el plazo improrrogable de un mes desde la fecha de toma de posesión, o de su cese, como cargo público.

El caso de la coordinadora socialista de Alcaldía recuerda, porque es idéntico al de Claudia Costa del Río, coordinadora general de Participación Ciudadana y ahora concejala de Podemos en esta misma área municipal, tras la crisis de gobierno de finales de junio, y que hasta el pasado día 15 de julio y tres años después de su nombramiento, tampoco había pisado la Oficina Anticorrupción.

Al día siguiente de la publicación de esta anomalía por OKDIARIO, rauda y veloz presentaba toda la documentación. Se desconoce, porque no se informa de ello, si este ente público dirigido por un cargo político vinculado a gobiernos socialistas, como Cristóbal Milán, ha sancionado con un mínimo de 1.000 estos incumplimientos reiterados de los miembros del gobierno municipal y de sus altos cargos.